Guía de Gobierno de la IA Judicial en CABA: Un Modelo Proactivo Basado en el Enfoque Asistencialista

El Consejo de la Magistratura como Arquitecto del Gobierno de la IA Judicial

El análisis de la situación de la inteligencia artificial (IA) en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) revela un panorama singular y proactivo, caracterizado por una dirección estratégica clara emanada desde el más alto órgano de gobierno del Poder Judicial local: el Consejo de la Magistratura (CdM). A diferencia de modelos donde la regulación emerge de manera fragmentada o reactiva, en CABA, el CdM ha asumido un rol preponderante y activo, actuando como el principal arquitecto del marco normativo, el impulsor de iniciativas y el garante del equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los principios fundamentales del sistema de justicia. Esta centralización del liderazgo es un elemento definitorio del enfoque de la ciudad, lo que permite construir un corpus normativo coherente y una estrategia de implementación gradual y controlada. La evidencia disponible apunta a que el CdM no solo supervisa la selección y remoción de magistrados, sino que también dirige la modernización tecnológica del propio sistema judicial, posicionándose como un actor transformador clave.

La principal manifestación de este liderazgo es la emisión de instrumentos normativos vinculantes que establecen las pautas para el uso de la IA. El documento más significativo identificado es la Resolución de la Presidencia N° 206/2025, emitida por el Consejo de la Magistratura [2]. Este acto normativo funciona como el pilar central del marco regulatorio, sentando las bases políticas y éticas para toda actividad relacionada con la IA dentro de la judicatura porteña. Su existencia y contenido demuestran un nivel avanzado de madurez institucional, ya que no se trata de una simple recomendación, sino de una directriz oficial con carácter obligatorio para todos los funcionarios judiciales. La atribución de esta competencia al CdM, y no a un ministerio de justicia o a un tribunal específico, subraya la naturaleza intrínsecamente judicial y procesal del desafío que plantea la IA, y la necesidad de un control que sea simultáneamente técnico, legal y ético.

Además de la resolución presidencial, el Consejo de la Magistratura ha sido el organismo responsable de aprobar otros instrumentos cruciales, como el "Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Inteligencia Artificial" [1, 6]. La aprobación conjunta de un manual de buenas prácticas y una resolución presidencial indica una estrategia deliberada para complementar la política con la guía operativa. Mientras la resolución establece las reglas del juego a nivel institucional, el manual busca estandarizar las prácticas, promover un consenso interno sobre los mejores usos de la tecnología y servir como una referencia pedagógica para jueces y personal administrativo. Esta doble vía normativa permite no solo imponer controles, sino también educar y fomentar una cultura de uso responsable de la IA.

El compromiso del Consejo de la Magistratura con esta materia se ve reforzado por su participación activa en la organización de eventos de alto nivel que involucran a otros poderes del Estado. Un ejemplo claro es la jornada conjunta sobre el impacto de la IA en la gestión pública, organizada por la Legislatura, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la CABA [11]. Esta colaboración trilateral es significativa porque abre el debate más allá de los confines del Poder Judicial, invitando a la participación de legisladores y del Ministerio Público Fiscal. Este tipo de diálogos es fundamental para generar conciencia social, asegurar la coordinación interinstitucional y posicionar la regulación judicial dentro de un marco más amplio de gobernanza de la IA en el sector público. Sugiere que el CdM entiende la IA como un tema transversal que afecta a toda la administración de justicia y requiere un enfoque colaborativo.

La evolución de la preocupación por la IA dentro del CdM parece haberse consolidado como una apuesta estratégica a largo plazo. Fuentes mencionan que, en 2026, el fortalecimiento de capacidades en IA aplicada a la justicia se había consolidado como una prioridad del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo vinculado a la OEA pero con fuerte influencia en la región [10]. Aunque esto se refiere a una fecha futura, la mención de que ya se habían realizado actividades como una jornada sobre el impacto de la IA en la gestión pública en años anteriores [11] indica que la reflexión sobre el tema no es reciente. Es probable que la aprobación de la capacitación obligatoria en IA en 2023 [5] sea el resultado directo de estos debates estratégicos internos y externos.

En síntesis, el papel del Consejo de la Magistratura en la gestión de la IA en CABA es multifacético y central. Actúa como: 1. Autoridad Normativa: Emite resoluciones presidenciales que establecen el marco legal y político obligatorio. 2. Aprobador de Guías: Aprueba manuales y protocolos que traducen los principios en prácticas operativas detalladas. 3. Impulsor Estratégico: Lidera la agenda sobre IA a través de la creación de comités, la organización de eventos y la asignación de recursos para pilotos. 4. Coordinador Interinstitucional: Facilita el diálogo con otras ramas del poder para abordar los desafíos de la IA desde una perspectiva integral.

Este liderazgo centralizado, aunque eficiente para garantizar la coherencia, también presenta implicaciones. Depende en gran medida de la continuidad y la visión de quienes integran el Consejo. No obstante, la existencia de documentos formales y comités permanentes sugiere un intento de institutionalizar estas funciones más allá de los cambios en su composición. La elección de un único órgano para dirigir esta compleja transición tecnológica es una decisión estratégica que define el carácter del proceso en CABA: un proceso dirigido, planificado y con un alto grado de control institucional.

Principios Fundamentales y Directrices Estratégicas para el Uso Responsable de la IA

El marco conceptual que sustenta el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por una notable sofisticación ética y una clara intención de mitigar los riesgos inherentes a la tecnología mientras se aprovechan sus potenciales beneficios. Lejos de adoptar un enfoque puramente utilitario o tecnológico, la estrategia porteña está anclada en una serie de principios fundacionales que buscan proteger la integridad del juicio, la dignidad de las partes y la independencia funcional del poder judicial. El pilar central de este marco es la Resolución de la Presidencia N° 206/2025 del Consejo de la Magistratura, que establece las directrices de gobernanza de la IA en la jurisdicción [2].

El principio rector más importante y explícito, según se desprende del análisis de dicho documento, es el enfoque asistencialista [2]. Este principio postula que la inteligencia artificial debe ser considerada como una herramienta de apoyo para el juez u oficial judicial, nunca como un sustituto de su facultad decisorial. La resolución va más allá de una simple recomendación y establece una prohibición clara y terminante contra la delegación total de la toma de decisiones ('prohibición de delegación') [2]. Esto significa que cualquier resultado generado por una herramienta de IA, ya sea una sugerencia de fallo, un resumen de prueba o un análisis de jurisprudencia, debe ser objeto de una revisión crítica, validación y supervisión humana indelegable antes de su incorporación al acto procesal. Este principio es fundamental para mantener la primacía del juicio humano, que es el núcleo del derecho procesal y del debido proceso.

Complementando el enfoque asistencialista, otro pilar ineludible es la indisolubilidad de la responsabilidad humana. La resolución es taxativa al afirmar que la implementación de herramientas de IA no modifica ni disminuye la responsabilidad legal de los magistrados y funcionarios judiciales [2]. La responsabilidad por cualquier decisión judicial, sus consecuencias y sus errores recae exclusivamente sobre el individuo que emite la providencia. Esta cláusula es crucial desde múltiples perspectivas: legal, ética y práctica. Legalmente, evita crear un vacío de responsabilidad en caso de errores algorítmicos. Éticamente, refuerza la idea de que la justicia implica una carga moral y una decisión consciente que la automatización no puede replicar. Prácticamente, obliga a los usuarios finales a desarrollar un pensamiento crítico hacia las herramientas tecnológicas y a no confiar ciegamente en sus resultados. Este principio garantiza que la tecnología sirva como un amplificador de la capacidad humana, y no como un ente con autonomía jurídica.

Para gestionar la diversidad de contextos en los que la IA podría aplicarse, el marco de CABA introduce un enfoque basado en riesgos [2]. Este modelo flexible propone que la intensidad de los controles, medidas de supervisión y procedimientos de evaluación deben ajustarse en función del potencial impacto de la herramienta de IA sobre los derechos y libertades de las personas involucradas. Las directrices especifican que los factores a considerar para calificar el riesgo incluyen el tipo de proceso o materia jurídica (p. ej., civil, penal, administrativo), la naturaleza de las actuaciones (si son públicas o confidenciales), el acto procesal específico en el que se utilizaría la IA (p. ej., dictado de una auto de investigación vs. firma de un acuerdo transaccional) y el grado de estandarización o automatización del acto [2]. Este enfoque permite una regulación pragmática y proporcionada, evitando tanto un sobrerregulamiento que paralice la innovación como una falta de control que exponga al sistema a riesgos injustificados.

Finalmente, el marco portaño prioriza de manera inequívoca la protección de datos personales y la privacidad. Ante el uso de modelos de IA generativa, que a menudo requieren la introducción de datos para su entrenamiento o inferencia, la directriz es clara: es imperativo la anonimización de toda información de carácter personal antes de ser procesada por dichos sistemas [2]. Además, se prefere la ejecución local de los modelos de IA cuando sea técnicamente viable, lo que reduce la dependencia de proveedores externos y minimiza los riesgos asociados al tránsito de datos sensibles fuera de la red segura del Poder Judicial. También se manda la realización de evaluaciones periódicas de las políticas de privacidad para asegurar su vigencia frente a nuevas capacidades tecnológicas y consideraciones éticas emergentes [2]. Estas medidas son una respuesta directa a las preocupaciones globales sobre el uso indebido de datos en el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje.

Estos cuatro principios —asistencialismo, responsabilidad humana, enfoque basado en riesgos y protección de datos— conforman una sinergia robusta que define el espíritu del marco de gobernanza de la IA en CABA. Demuestran una comprensión profunda de que la integración de la IA en la justicia no es un problema puramente técnico, sino una cuestión de diseño institucional que debe priorizar siempre los valores democráticos y los derechos humanos.

Instrumentos Operativos: Manuales, Protocolos y Mecanismos de Control

El marco estratégico de principios del Poder Judicial de CABA se materializa en una serie de instrumentos operativos diseñados para traducir la filosofía de la gobernanza de la IA en prácticas concretas y verificables para el día a día de los funcionarios judiciales. Más allá de la resolución presidencial que establece las directrices políticas, el Consejo de la Magistratura ha promovido la elaboración de documentos que funcionan como guías prácticas y mecanismos de control, asegurando que el enfoque asistencialista y los principios éticos no queden en el plano abstracto. Estos instrumentos complementan la base normativa y constituyen el tercer pilar del sistema, junto con la estrategia y la implementación.

Uno de los documentos más relevantes en este ámbito es el Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de la Magistratura [1, 6]. Si bien los detalles específicos de su contenido no están expuestos en las fuentes disponibles, su existencia es un indicador clave de madurez institucional. Un manual de este tipo tiene como objetivo principal estandarizar las conductas, ofrecer ejemplos de aplicación y crear un lenguaje común sobre cómo abordar la tecnología de manera responsable. Funciona como una herramienta pedagógica fundamental, especialmente para magistrados y personal judicial que pueden tener diferentes niveles de familiaridad con la IA. Al formalizar las "buenas prácticas", el CdM busca internalizar la cultura de la IA responsable y reducir la heterogeneidad en su aplicación, fomentando un uso más seguro y efectivo.

Complementando al manual, se encuentra el Protocolo de Uso Aceptable de la Inteligencia Artificial Generativa. Este documento, descrito en las fuentes como un instrumento con un enfoque más técnico y operativo, se centra en aspectos prácticos para garantizar la seguridad de la información [16]. Su finalidad declarada es la de preservar la confidencialidad, privacidad e integridad de los datos procesales [16]. Es muy probable que este protocolo contenga instrucciones detalladas sobre cómo manejar la información sensible al utilizar herramientas de IA generativa (como los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje). Podría incluir directivas sobre qué tipos de datos pueden y no pueden introducirse en estas plataformas, cómo configurar las herramientas para maximizar la privacidad, y procedimientos a seguir en caso de un incidente de seguridad. La existencia de un protocolo específico para la IA generativa sugiere que el Consejo de la Magistratura ha identificado este subconjunto de tecnologías como particularmente sensible y que requiere pautas claras para su uso seguro.

Una de las características más importantes y novedosas de las directrices del Consejo de la Magistratura es la exigencia de transparencia y documentación por parte de los usuarios de la IA [2]. La resolución presidencial ordena explícitamente que todo magistrado o funcionario judicial que utilice alguna herramienta de IA debe mantener un registro detallado de dicha utilización [2]. Este registro debe incluir, como mínimo, la identificación del modelo de IA utilizado, el tipo de uso (p. ej., resumen de autos, búsqueda de jurisprudencia, redacción preliminar de un fallo), los expedientes o procesos afectados, y las medidas preventivas o de control que se hayan implementado [2]. Este requisito cumple varias funciones vitales: primero, crea un historial auditable que permite rastrear el uso de la tecnología; segundo, fomenta un hábito de reflexión crítica por parte del usuario, quien debe justificar y registrar su propia intervención; tercero, proporciona datos valiosos al Comité de IA del Consejo para evaluar la eficacia y los riesgos de las diferentes herramientas y prácticas. Este mecanismo de rendición de cuentas es un componente esencial para un gobierno de la IA efectivo.

Otro mecanismo de control implícito pero fundamental es la priorización de la protección de datos. Como se mencionó anteriormente, la directriz de anonimización de datos personales antes del procesamiento con IA generativa es una barrera técnica y procedural contra la filtración de información sensible [2]. Además, la preferencia por la ejecución local de los modelos cuando sea posible actúa como otra capa de control, manteniendo los datos dentro de la infraestructura segura del Poder Judicial y reduciendo la exposición a vulnerabilidades en plataformas externas [2]. La combinación de estos mandatos técnicos con la obligación de documentación crea un sistema de controles internos robusto.

Finalmente, la obligatoriedad de la capacitación continua para todo el personal judicial sobre los aspectos técnicos, legales y éticos de la IA, mencionada tanto en la resolución como en comunicaciones separadas, funciona como un mecanismo preventivo y formativo [2, 5]. No basta con tener manuales y protocolos si los usuarios no comprenden suficientemente la tecnología para aplicarlos correctamente. La formación obligatoria asegura que los funcionarios no solo sepan qué está permitido, sino por qué está permitido y cuáles son los peligros potenciales. Cubre desde los fundamentos de cómo funcionan los algoritmos hasta las implicaciones legales de la responsabilidad por decisiones asistidas por IA y las dimensiones éticas de la sesguedad algorítmica. Este enfoque holístico, que combina guías de práctica, protocolos de seguridad, registros de auditoría y formación continua, demuestra un esfuerzo deliberado por construir un ecosistema de gobernanza de la IA completo y sostenible.

Implementación Práctica: Pilotos Concretos y Capacitación Obligatoria

El avance de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la inteligencia artificial judicial trasciende el plano normativo y teórico, demostrando una clara voluntad de pasar a la acción a través de iniciativas concretas de implementación y formación. El análisis de las fuentes disponibles revela dos ejes principales de esta implementación práctica: la ejecución de programas piloto en entornos controlados y la institucionalización de la capacitación obligatoria para el personal judicial. Estas acciones son el eco tangible de la estrategia y los principios establecidos por el Consejo de la Magistratura, y constituyen pasos cruciales para validar la viabilidad técnica, la aceptación por parte de los usuarios y el verdadero impacto de la IA en los procesos judiciales.

El ejemplo más destacado de implementación piloto es el programa conocido como "MIA" (Motor de Inteligencia Artificial). Este proyecto, descrito en las fuentes, consiste en un motor de IA integrado directamente en el Sistema de Expedientes Electrónicos (SEE) del Poder Judicial de CABA [2]. La mención específica de este programa es de suma importancia, ya que confirma que la teoría normativa se está traduciendo en una solución tecnológica operativa. El alcance inicial del piloto está geográficamente y temáticamente delimitado: se ha implementado en Juzgados de Primera Instancia especializados en materias que requieren un análisis documental intensivo, como Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo [2]. Esta selección estratégica es inteligente, ya que permite probar la herramienta en áreas donde se espera que pueda generar mayor valor añadido, como la clasificación de documentos, la extracción de datos clave o la identificación de precedentes relevantes, sin afectar a todo el sistema judicial de forma indiscriminada. La existencia de un piloto así indica un enfoque pragmático y gradual, que busca aprender, iterar y evaluar antes de considerar una expansión a otras instancias o materias.

Paralelamente a la implementación tecnológica, se ha dado un paso igualmente significativo en el ámbito de la formación: la aprobación de la primera capacitación obligatoria en inteligencia artificial para el personal judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [5]. Este hecho, comunicado en redes profesionales, marca un hito en la adaptación del sistema. No se trata simplemente de que los jueces puedan usar una nueva herramienta, sino de que están siendo formados sistemáticamente sobre sus capacidades, limitaciones y, fundamentalmente, sobre el marco ético y legal que los gobierna. La obligatoriedad del curso asegura que la formación no sea un evento puntual o opcional, sino una condición para el ejercicio de la función judicial. Esto reconoce que el uso responsable de la IA no es una habilidad técnica opcional, sino una competencia profesional indispensable en el siglo XXI. La capacitación cubrirá los aspectos técnicos, legales y éticos de las tecnologías de IA, incluyendo la programación y la implementación de modelos, lo que sugiere un enfoque profundo y no superficial [2]. Este esfuerzo formativo es la contrapartida humana de la inversión tecnológica en pilotos como "MIA".

La existencia de estos dos elementos —un piloto operativo y una formación obligatoria— muestra que la estrategia de CABA no es unilateral. Reconoce que la tecnología por sí sola es insuficiente y, de hecho, puede ser contraproducente si no va acompañada de una preparación adecuada de los usuarios. La implementación de "MIA" en ciertos juzgados y la posterior capacitación obligatoria de todo el personal judicial crean un ciclo virtuoso: los primeros en usar la tecnología (los pilotos) generan experiencia práctica y retroalimentación, mientras que la capacitación generalizada asegura que cuando la tecnología se expanda, los nuevos usuarios estén equipados para utilizarla de manera segura y eficaz.

Es importante señalar que, si bien las fuentes confirman la existencia de estos pilotos y cursos, carecen de detalles sobre los resultados cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, no se especifica qué métricas se están utilizando para evaluar el éxito de "MIA", si ha habido mejoras en la productividad o la calidad de las decisiones, o cuáles han sido los desafíos técnicos o culturales encontrados durante la implementación. Tampoco se detalla el contenido exacto del programa de capacitación ni su duración. Sin embargo, la simple existencia y aprobación de estas iniciativas son indicadores de una fase de madurez superior, que va más allá de la concepción de políticas y entra en la fase de prueba y adopción.

En conjunto, el piloto "MIA" y la capacitación obligatoria representan el puente entre la estrategia y la realidad operativa. Demuestran que el Consejo de la Magistratura no solo está escribiendo las reglas del juego, sino que también está invirtiendo en los jugadores y en los campos de juego necesarios para que el juego pueda comenzar de manera segura y constructiva.

Actualización Julio 2026: el TSJ Adjudica la Licitación Pública 4/2026 para Implementar IA

En paralelo al camino recorrido por el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) dio en julio de 2026 el paso más concreto hacia la incorporación operativa de IA en el máximo tribunal porteño: la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/2026 a la empresa argentina C&S Informática S.A., resuelta el 17 de julio de 2026, con un contrato de cinco años. En la compulsa participaron once oferentes (diez empresas y una persona física). La inversión ronda los US$550.000-600.000 según la fuente consultada (La Nación: "casi US$ 600.000"; Revista Quórum: "cercana a los 550.000 dólares").

El proyecto responde al fuerte incremento de causas derivado del fallo "Levinas" de la Corte Suprema, que convirtió al TSJ en tribunal de alzada de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad: de 1.610 causas ingresadas en 2024 se pasó a 6.826 en 2025 (incremento superior al 300%), con el fuero laboral concentrando cerca del 66% del total.

El contrato tiene dos ejes: (1) procesos jurisdiccionales, con una nueva Mesa de Entradas digital que automatiza el ingreso de escritos, la validación de presentaciones y adjuntos, las consultas y las notificaciones electrónicas; y (2) gestión de jurisprudencia, con un sistema inteligente de clasificación y búsqueda semántica de fallos. Incluye además herramientas de IA generativa para borradores de proveídos, resúmenes de sentencias e identificación de precedentes análogos, siempre con carácter asistencial y sujeción a supervisión humana. El pliego consagra la "soberanía de los datos": el modelo debe funcionar sobre infraestructura propia del Tribunal y se prohíbe usar información judicial para entrenar modelos externos.

La implementación comenzó la semana del 13 de julio de 2026, con un plazo previsto de 180 a 300 días (operación plena estimada entre fines de 2026 y comienzos de 2027). Como primera crítica, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal advirtió que el nuevo formulario de carga de expedientes podría derivar en rechazos automáticos por errores meramente formales. Fuentes: Infobae, Revista Quórum, La Nación.

Estructura Institucional y Diálogo Público sobre la IA Judicial

La gobernanza de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de CABA se sustenta en una estructura institucional dual que combina una dirección interna, centralizada, con un esfuerzo deliberado por abrir el debate a la sociedad y a otros poderes del Estado. Esta bifurcación es clave para entender cómo el sistema busca gestionar la IA de manera equilibrada: por un lado, manteniendo un control riguroso y experto desde dentro, y por otro, buscando legitimidad y aprendizaje a través del diálogo externo. La evidencia disponible apunta a la existencia de un cuerpo técnico interno dedicado al tema y a la realización de eventos que fomentan la participación pública.

Un pilar fundamental de la estructura institucional es el Comité de IA del Consejo de la Magistratura. Su existencia, mencionada en varias fuentes, es una prueba fehaciente de un compromiso institucional sostenido y una señal de que la gestión de la IA es una tarea permanente, no un proyecto coyuntural [7, 14]. Aunque los detalles sobre su composición exacta, sus funciones operativas y su relación formal con otros organismos del Poder Judicial no están detallados en las fuentes, se puede inferir su rol a partir de la actividad que se le atribuye. Se menciona que el comité "sigue trabajando en esa dirección" [14], lo que sugiere que está activamente involucrado en la supervisión de las iniciativas, la investigación de nuevas tecnologías, la evaluación de riesgos y la asesoría al Consejo de la Magistratura en la toma de decisiones. Este comité es, por tanto, el motor que probablemente impulsa la elaboración de los manuales, protocolos y resoluciones, y que gestiona el seguimiento de los programas piloto como "MIA". La existencia de un grupo de trabajo permanente indica una estrategia a largo plazo para la integración de la IA.

El segundo pilar de la estructura institucional es la organización de jornadas de debate y diálogos públicos. Un ejemplo paradigmático es la jornada conjunta sobre el impacto de la IA en la gestión pública, organizada de forma colaborativa por la Legislatura de la CABA, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General [11]. Este tipo de eventos es estratégicamente importante por varias razones. Primero, legitima la agenda de la IA dentro del sistema, mostrando que es una prioridad compartida por distintas ramas del poder. Segundo, abre un espacio para la consulta y el intercambio de ideas con expertos externos, académicos, representantes de la sociedad civil y otros actores del sector público, enriqueciendo el debate más allá del círculo cerrado de la judicatura. Tercero, genera conciencia y transparencia ante la ciudadanía, explicando las motivaciones, los objetivos y los controles del uso de la IA en la justicia. Cuarto, ayuda a construir un consenso social sobre qué tecnologías son aceptables y bajo qué condiciones, lo cual es crucial para la aceptación pública de las decisiones judiciales, incluso aquellas asistidas por máquinas.

La existencia de un "Documento de consulta pública" mencionado en el contexto de las directrices de la UNESCO [8] podría sugerir que hubo un proceso de participación ciudadana formal. Sin embargo, las fuentes disponibles no especifican si este fue un proceso específico para la CABA o si se enmarca en una iniciativa más amplia de la organización. Investigar la naturaleza y los resultados de dicha consulta sería un paso necesario para completar el panorama del diálogo público.

En conjunto, la estructura institucional de CABA parece ser una combinación de un centro de control interno (el Comité de IA) y un canal de comunicación externo (jornadas y diálogos). Esta dualidad permite al sistema judicial mantener un control técnico y jerárquico sobre la implementación de la tecnología, asegurando que se alinee con los principios del sistema, al tiempo que busca validación, aprendizaje y legitimidad social a través del diálogo abierto. Este enfoque híbrido es particularmente relevante en un campo tan complejo y rápido como la IA, donde la colaboración y la transparencia son tan importantes como la competencia técnica.

Síntesis Analítica y Propuesta para la Sistematización Estructurada

El análisis exhaustivo de la normativa e iniciativas sobre inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela un modelo de gobernanza notablemente proactivo, coherentemente estructurado y centrado en la primacía del juicio humano. La estrategia de CABA se distingue por su liderazgo claro, encarnado por el Consejo de la Magistratura, que actúa como el principal arquitecto normativo e impulsor de la modernización. Este enfoque, que evita la dispersión de competencias, ha permitido desarrollar un marco conceptual robusto y principios éticos sólidos, respaldados por instrumentos operativos y pilotajes concretos.

Las fortalezas del modelo porteño son evidentes. En primer lugar, su enfoque asistencialista, materializado en la prohibición de la delegación de la toma de decisiones, es un principio rector fundamental que protege la esencia misma de la función judicial [2]. En segundo lugar, la indisolubilidad de la responsabilidad humana garantiza que ningún vacío legal o ético quede entre la tecnología y el funcionario judicial, una cláusula crítica para la rendición de cuentas [2]. En tercer lugar, la implementación de un enfoque basado en riesgos permite una regulación flexible y proporcionada, adaptada a la diversidad de contextos procesales [2]. Finalmente, la combinación de un marco normativo sólido con iniciativas prácticas como el piloto "MIA" y la capacitación obligatoria demuestra una estrategia dual de "aprender haciendo" [2, 5].

Sin embargo, el análisis también ha identificado una limitación crítica. La ausencia de un mecanismo proactivo y formal para la actualización regular del marco normativo representa el principal riesgo de obsolescencia [2]. Dada la velocidad vertiginosa de la evolución de la IA, un documento, por más completo que sea, corre el riesgo de volverse anticuado rápidamente. La necesidad de establecer ciclos de revisión y actualización es, por tanto, la brecha más importante a cerrar para asegurar la longevidad y relevancia del marco de gobernanza de CABA.

Con el objetivo de crear una base de datos estructurada y escalonable para un futuro panel interactivo, se propone la siguiente sistematización de la información. Esta estructura está diseñada para capturar la complejidad del ecosistema de IA de CABA y para ser fácilmente expandible a otras jurisdicciones argentinas, manteniendo una consistencia metodológica.

Categoría	Nombre de la Iniciativa / Documento	Tipo	Autoridad / Entidad Responsable	Fecha	Principios Clave / Objetivo	Estado / Resultados
Normativa	Resolución de la Presidencia N° 206/2025	Resolución	Consejo de la Magistratura	2025	Establecer el marco de gobernanza de la IA, enfocada en el uso asistencial, la responsabilidad humana e indisoluble y el enfoque basado en riesgos [2].	Vigente
Guía de Práctica	Manual de Buenas Prácticas para el Uso de IA	Manual	Consejo de la Magistratura	Información no disponible en las fuentes	Guiar la implementación responsable de la IA, estandarizando las prácticas y fomentando la cultura de uso seguro [1, 6].	Vigente/Aprobado
Guía de Práctica	Protocolo de Uso Aceptable de la IA Generativa	Protocolo	Consejo de la Magistratura	Información no disponible en las fuentes	Garantizar la confidencialidad, privacidad e integridad de la información procesal al usar IA generativa, priorizando la anonimización de datos [16].	Vigente/Aprobado
Iniciativa Operativa	Programa Piloto "MIA" (Motor de IA)	Proyecto Piloto	Consejo de la Magistratura / Juzgados	Información no disponible en las fuentes	Integrar un motor de IA en el SEE para asistir a jueces y personal en materias específicas (Contencioso Administrativo, Tributario, Consumo) [2].	En Ejecución/Piloto
Iniciativa Institucional	Comité de IA del Consejo de la Magistratura	Comité Institucional	Consejo de la Magistratura	Información no disponible en las fuentes	Supervisar la implementación de la IA, investigar nuevas tecnologías y asesorar al Consejo en la toma de decisiones [7, 14].	Activo
Iniciativa de Formación	Capacitación Obligatoria en IA	Programa de Formación	Consejo de la Magistratura	2023	Asegurar que todo el personal judicial posea competencias en los aspectos técnicos, legales y éticos de la IA, promoviendo su uso responsable [5].	Implementada
Diálogo Público	Jornada sobre el Impacto de la IA en la Gestión Pública	Evento	Legislatura / Consejo de la Magistratura / Procuración General	Información no disponible en las fuentes	Fomentar el diálogo interinstitucional y la participación ciudadana sobre el uso de la IA en el sector público [11].	Realizado
Contratación / Herramienta	Licitación Pública N° 04/2026 - Sistema de IA del TSJ (adjudicada a C&S Informática S.A.)	Licitación adjudicada	Tribunal Superior de Justicia de CABA	Julio 2026	Automatizar Mesa de Entradas (ingreso de escritos, validación, notificaciones) y gestión inteligente de jurisprudencia con IA generativa asistencial; soberanía de los datos sobre infraestructura propia. Contrato a 5 años, once oferentes, inversión aprox. US$550.000-600.000 [Infobae, Quórum].	Adjudicada/En implementación (180-300 días)

Esta tabla sistematiza la información clave en categorías claras (normativa, guía de práctica, iniciativa operativa, etc.), permitiendo una rápida consulta y comparación. Para la futura migración a un panel interactivo, cada fila podría convertirse en un "tarjeta" o "experto" que se puede filtrar por tipo, estado o entidad. La columna "Principios Clave / Objetivo" resume la esencia de cada iniciativa, mientras que "Estado / Resultados" captura la fase actual y, en la medida de lo posible, los logros. Esta estructura es inherentemente escalable: al analizar la próxima jurisdicción, se podrían añadir nuevas filas a esta misma tabla, manteniendo la consistencia de las columnas y facilitando enormemente el análisis comparativo que será la base del dashboard final. La verificación de la autenticidad y vigencia de cada documento, especialmente la resolución presidencial, sería el primer paso crítico antes de poblar esta base de datos.